El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) autorizará a las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones a aumentar las tarifas solo un 5% y no el 20% que anunciaron a sus usuarios. Así lo dejó en claro el director del ENACOM Alejandro Gigena: “Se está evaluando un otorgamiento del 5% de aumento para enero. Pero el aumento tal como está planteado por las empresas no está autorizado por ENACOM”.
El pasado martes, las empresas que brindan servicios de Internet, cable y telefonía comenzaron a comunicar a sus clientes que definieron aumentar 20 por ciento las tarifas a partir de enero próximo. Los costos de estos servicios están congelados hasta fin de año, en medio de la pandemia de coronavirus.
“El DNU 690, que declara como servicios públicos a Internet, TV por cable y telefonía celular, establece que para que esas empresas apliquen un aumento tiene que haber una previa autorización de ENACOM. Esa autorización no se ha dado, sí se está analizando desde el Gobierno la salida del congelamiento”, explicó Gigena.
El pampeano que desde este año integra el directorio del ENACOM explicó que los precios de estos servicios han subido por encima de la inflación durante los cuatro años de macrismo. El precio del megabyte de los celulares ha aumentado un 400%, cuando la inflación fue del 290%. “Fueron aumentando sus precios por encima de la inflación y ahora les tocará achicarse”, planteó.
Consultado sobre la posibilidad de que las empresas apliquen el aumento anunciado del 20%, Gigena dejó en claro que “no lo pueden hacer, tendrán que retrotraer la facturación si ya lo han aplicado. Ya les hemos trasladado la decisión del Gobierno Nacional y las empresas tendrán que reacomodar lo que han comunicado”.
El 21 de agosto último, el presidente Alberto Fernández anunció la decisión de declarar como “servicios públicos” a la telefonía celular y fija, Internet y la televisión paga, y anticipó que las tarifas de esas prestaciones quedarían congeladas hasta el 31 de diciembre. La medida se concretó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
El decreto fue judicializado por todas las empresas, menos Claro. “Cualquier decisión que se tome en torno a una cuestión que está judicializada también va a ser judicializada. También hasta que la Justicia diga que el decreto no se aplica es aplicable y debe ser respetado. Por lo que el decreto que declara estos servicios como públicos está vigente”, aclaró.
