"Se acabó la lógica del látigo y la billetera a las provincias, de los manejos discrecionales. No somos como el gobierno anterior". Las palabras fueron repetidas el fin de semana por Rogelio Frigerio, ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Pero los números oficiales de su propio gobierno lo desmienten. Es sabido que en épocas electorales los giros de dinero a las jurisdicciones aumentan, la cuestión es a cuáles y por cuánto. Como en los gobiernos anteriores, la preferencia por jurisdicciones propias o "amigas" se ubica en primer plano.

"En cuanto a las provincias que más recursos sumaron en comparación con 2016, se cuentan, en términos porcentuales, Buenos Aires (+100%), Jujuy (+92%), Neuquén (+87%), la Ciudad de Buenos Aires (+85%), Misiones (+84%), Salta (+81%), La Rioja (+78%), y Tucumán (+75%). En tanto, en términos nominales, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires continúan liderando el ránking en la asignación de recursos: +$ 6.200 millones y +$2.800 millones aprox., respectivamente", sostiene el informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), con cifras tomadas del Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) de la Secretaría de Hacienda, de acuerdo con el corte realizado el día 4 de julio de 2017.

Según publicó Tiempo, la provincia de Buenos Aires dirigida por María Eugenia Vidal es, por mucho, la más beneficiada. En seis meses lleva recibidos 12.581 millones. Pero comparado a años anteriores, la gobernación de Gerardo Morales es la más sonriente. Acumula 1.702 millones y por primera vez supera a provincias como Chubut, Catamarca y Corrientes. El caso del distrito porteño, liderado por Horacio Rodríguez Larreta, es el más llamativo. Considerado el más "rico" del país, resultó aún más favorecido en enero de 2016 cuando el presidente Mauricio Macri resolvió firmar el decreto 194/2016, mediante el cual le subió la coparticipación a la Capital Federal, del 1,4% al 3,75%, lo que generó el reclamo de las provincias más necesitadas.

La Pampa resultó la peor asistida, con un aumento de apenas el 18%, a pesar de que fue una de las provincias que sufrió mayores desastres, entre incendios e inundaciones. En el primer semestre de 2016 recibió 689 millones, y en el mismo período de este año, 813 millones. En valores netos, es la tercera que menos dinero recibe, después de Santa Cruz (589 millones) y San Luis (672 millones).

Esta situación generó el reclamo del gobernador Carlos Verna, acusado por Macri en un viaje reciente a La Pampa, por el voto de los legisladores provinciales a la no destitución de De Vido. A principios de julio, el mandatario pampeano, junto a 23 intendentes, le enviaron una carta al administrador general de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, en la que repudian la inacción del gobierno nacional que no repara las rutas nacionales 35, 5 y 188, y proponen que la Provincia se encargue "de las rutas hoy cortadas, si el concesionario sigue sin hacerse cargo". Se suma el anuncio de Verna de que demandará a la Casa Rosada debido a la multa de Anses por "no bajar las jubilaciones provinciales ni aplicar la movilidad nacional".

Lo que resolvió el gobierno fue dotar de dinero a programas nacionales propios donde puede ejecutar de acuerdo a sus lineamientos centrales, en lugar de que lo decida cada provincia. Así surge el programa "Acciones de vivienda y desarrollo urbano" del Ministerio del Interior, que lleva 7.076 millones en seis meses y que no tuvo ejecución en 2016, "Formulación, programación, ejecución y control de obras públicas" (1.197 millones), o "Hábitat Nación", con 5.014 millones. Se les agrega la "asistencia financiera a provincias y municipios", otro programa de manejo discrecional, que pasó de 300 millones en el primer semestre de 2016, a 971 millones en 2017. En contraposición, avanza el achique del Fondo Federal Solidario, en el que las provincias pueden manejarse con participación propia. De enero a junio del año pasado tuvo 11.723 millones, mientras que en el mismo período de la temporada actual descendió a 9.783 millones, un 17% menos.