“Hasta ese momento se habían detectado faltas en las rendiciones que derivaron en multas y cargos, pero comenzamos a advertir inconsistencias graves en facturas. Eso nos llevó a investigar y llegar a la conclusión que eran apócrifas, y eso es un delito grave, por eso lo llevamos a la Justicia”, reveló.
En ese contexto, habló del rol del Tribunal. “Nuestro trabajo, con respecto a las CF es auditar sus rendiciones. Hasta lo de las facturas, encontramos muchas irregularidades por las que a los responsables les impusimos multas, que deben ingresar a nuestra cuenta, y cargos, que deben ingresar a la cuenta de los municipios. Si éstos depósitos no se hacen, elevamos el informe a Fiscalía de Estado y ahí termina nuestra responsabilidad, luego son ellos los que siguen con la ejecución”, indicó.
“Pero en éste caso, al confirmar que muchísimas facturas son apócrifas, como funcionarios públicos, estamos obligados a hacer la denuncias correspondientes. Y eso hicimos, hablamos con el Procurador e hicimos las presentaciones. La primera, a fines del año pasado, fue a Unanue, luego la ampliamos a otras cuatro. En todos los casos siguen apareciendo ése tipo de facturas, y hasta la semana pasada estuvimos agregando pruebas a la fiscalía”, agregó. 
Mac Allister aseguró que quienes están siendo investigados por el tema no pueden aducir desconocimiento. “Hemos hecho todo lo posible para que las Comisiones de Fomento rindan en tiempo y forma. Algunos de los intendentes que están denunciados han venido al TdeC, donde las puertas están abiertas para todos, y los relatores les han explicado como tienen que hacer los balances, siempre hubo predisposición”, sostuvo.
“El caso recayó en el fiscal Guillermo Sancho y por lo que sabemos está trabajando en forma acelerada. Hizo allanamientos a numerosos proveedores y en alguna Comisión de Fomento. Lamentablemente la mayoría de los proveedores que están en la causa son víctimas porque ni enterado estaban que usaban sus nombres en las facturas”, afirmó.

Equipo calificado. 
La funcionaria señaló como artífices del hallazgo de ésta situación irregular a su equipo de trabajo. “Hemos logrado incorporar como relatores a gente muy joven, profesionales muy capacitados, con ganas de progresar. Ellos trabajan técnicamente, por medio de herramientas informáticas y con conocimientos que les permiten acceder a información de la Afip, Rentas, u otras dependencias. Que saben cómo investigar normas de facturación, saben que es una conciliación bancaria, entienden de normativas legales. También se trabaja junto a la Asesoría Legal. Y eso hace a un control más eficiente”, explicó.
“En éste contexto laboral los relatores empezaron a notar facturas con inconsistencias administrativas. Facturas de distintos proveedores con la misma letra, facturas donde las fechas, datos como el Cuit o el CAI, o rubros no coincidían, y empezamos a sospechar. Nos preguntamos ¿qué pasa acá? Decidimos apoyarnos en la Ley de Procedimientos Administrativos y salimos a la calle a buscar a cada proveedor”, contó.

Audiencias con CF. 
La titular del cuerpo de contralor dijo que elaboraron un protocolo para garantizar el debido proceso. “Una vez realizado el trabajo de investigación citamos en forma individual a los responsables de las cinco comunas. Vinieron todos menos La Reforma. En una sala nos sentamos con ellos el relator, el jefe del relator, la Asesora Legal, el vocal de la Sala y yo, como presidenta. Abordamos los temas y luego se firmó un acta”, indicó.
“En ésas reuniones les pedimos explicaciones sobre las irregularidades halladas. Hubo muchas inconsistencias en las respuestas, a veces no pudieron explicar y hasta hubo silencios”, dijo Mac Allister.
Según recordó la presidenta del TdeC, las CF son 18. Para este trabajo de investigación tomaron las 9 con más problemas visibles, de ellas 5 ya fueron denunciadas.Y quedan otras 9 para auditar profundamente. En este sentido Mac Allister admitió que “podría haber más irregularidades en otras comunas”.
Por último la funcionaria, ante la consulta, aseguró que no ha tenido interferencias del arco político en su trabajo. “A nosotros nunca nos llamó ni el gobernador -Carlos- Verna ni otra autoridad ni nadie por este tema, hemos investigado con total independencia”, concluyó.